En febrero, ocho senadores estadounidenses introdujeron una propuesta de ley para suspender ayuda financiera relacionada con cuestiones de seguridad a Honduras porque, argumentan, hay evidencia sustancial de que el presidente Hernández “se ha involucrado en un patrón de actividad criminal y utilizado el aparato de Estado para proteger y facilitar el tráfico de drogas”.

Buena parte de esta evidencia contra JOH, como llaman los hondureños a Hernández, proviene de testimonios y confesiones registrados en la Corte Federal del Distrito de Manhattan, en Nueva York, durante varios juicios abiertos en años recientes contra hondureños acusados de narcotráfico y delitos conexos. Han sido encontrados culpables, entre otros, el hijo de un expresidente, el hermano de otro, dos miembros de la familia más rica del país y un exjefe de policía. El Estado hondureño ha sido penetrado hasta sus raíces por el narcotráfico y la corrupción.